¿Como alcanzar una sociedad justa? ¿Como mejorar la participación popular e incrementar las oportunidades de las ideas diversas para ser escuchadas en las tribunas publicas? ¿Como salir de las camisas de fuerza planteadas por las facciones políticas que pretender obligar a los ciudadanos a encuadrarse en el marco de una ideología restrictiva del pensamiento?
Los venezolanos nos encontramos limitados tremendamente por la fuerza de dos posturas divergentes, contradictorias, reduccionistas y mutuamente excluyentes. La postura opositora, si bien heterogénea en términos de origen, manifiesta en la practica un discurso q ha tenido poca fuerza en el sector mas excluido en términos de su acceso a los beneficios sociales y económicos. La ascendencia que antes lograban partidos como acción democrática sobre este sector de la población fue casi totalmente diluida gracias a un síndrome de conservadurismo invasivo ante el cual una postura que prometiera "no ser mas de lo mismo" resultaría la ganadora en la competencia por las simpatías populares que se sentían defraudadas por la clase política tradicional.
Por otra parte, los grupos de izquierda mas radicales habían sido discriminados por décadas, y los pocos actores provenientes de sus filas que lograron un espacio publico significativo, terminaron siendo absorbidos por las practicas prevalecientes y terminaron sucumbiendo ante sentimientos crecientes de indefensión e impotencia para efectuar cambios perceptibles. Cuando finalmente el fenómeno Chávez entro en la escena, los personajes que habían sido mas rechazados de la esfera política durante las décadas anteriores pasaron a ser gobierno.
Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en el caso sudafricano donde la reconciliación nacional se convirtió en el principal objetivo de las diversas facciones, tanto los nuevos potentados como los ideólogos de la democracia anterior se dedicaron a una batalla sin tregua, con el único propósito de fulminar al contrario, negar su etos, borrar su memoria y disolver su legado.
Así como el león que logra derrotar al antiguo señor de la manada, la lucha entre los actores políticos ha sido a muerte. En medio de esta lucha, las personas han tratado de ser forzadas a arrinconarse en un lado determinado del espectro político, ya que el sistema político venezolano basado en la elección de un presidente que reparte el poder según su criterio, facilita la hegemonía de dominación de un grupo sobre las minorías.
Es decir, ya sea en el caso de la democracia anterior o en el caso del nuevo modelo socialista, ha existido un grupo de la población vencido y otro vencedor, uno dominante y otro dominado. Si bien algunos de los roles han cambiado de actores, la dinámica política en términos de participación sigue siendo la misma. Por eso no logramos salir de la conflictividad social, porque nuestra estructura misma de democracia se basa en el dominio de las mayorías, en el control económico, socio-político, y judicial del mas fuerte.
La participación de los grupos minoritarios no tiene cabida en los espacios públicos a menos que se pueda amoldar a los dictámenes y conveniencias tácticas del sector hegemónico o por lo menos a las aspiraciones del extremo contrario, porque las democracias presidencialistas tienen todas ese propósito, evitar la disensión cerrarse al desacuerdo y reducir al adversario político a la minusvalía funcional.
Unas elecciones donde se gana con mayoría simple de los votos nacionales, y se le entrega el poder de toda la administración del estado a un solo hombre no puede funcionar de otra manera, sea quien sea que ocupe el puesto de presidente. Por eso, los venezolanos necesitamos diseñar una nueva alternativa democrática que garantice la proporcionalidad en la distribución del poder y evite la repetición del esquema de dominación de las mayorías.
Cada venezolano debería poder sentirse participante del gobierno de su país, no solo a través de la gestión de pequeños proyectos en la esfera local, sino por medio de la presencia de uno de sus pares en la conducción de las carteras del ejecutivo nacional, con los cuales el jefe de Estado se vea obligado a coordinar acciones y no solo a emitir dictámenes al estilo de la realeza.
